Un reciente informe del sector salud indica que el patrimonio negativo de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) se ha multiplicado por siete en los últimos tres años, llegando a un total de $16,8 billones. Este dato refleja una situación financiera delicada para las aseguradoras que administran la salud de millones de colombianos, incluidos los trabajadores vinculados a la seguridad y salud en el trabajo (SST).
Para las empresas, la salud ocupacional depende en gran medida de la capacidad de las EPS para financiar los servicios médicos, los exámenes ocupacionales y las intervenciones preventivas que forman parte del SG‑SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Un patrimonio negativo amplio puede traducirse en retrasos en los pagos a los prestadores de servicios, limitaciones en la disponibilidad de recursos y, en última instancia, en una menor calidad de la atención para los trabajadores.
Las IPS que ofrecen servicios de medicina laboral, como exámenes de ingreso, periódicos, de retiro o de reubicación, deben estar atentas a estas señales financieras. La estabilidad de las EPS influye en la rapidez con la que se autoriza la realización de pruebas paraclínicas (audiometrías, espirometrías, laboratorios) y en la cobertura de tratamientos relacionados con enfermedades laborales. Un deterioro en la salud financiera de las EPS podría obligar a las empresas a buscar alternativas, como alianzas directas con proveedores especializados o la contratación de servicios a través de ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) que cuenten con recursos propios.
Desde la perspectiva del trabajador, la incertidumbre financiera de las EPS puede generar preocupación sobre la continuidad de su cobertura médica, especialmente en casos de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Es fundamental que los empleadores comuniquen de forma clara los mecanismos de protección que tienen vigentes, ya sea a través de la EPS, la ARL o planes complementarios de salud ocupacional, para garantizar la confianza y el bienestar del personal.
Ante este escenario, se recomienda a las empresas revisar sus contratos con las EPS, evaluar la solidez financiera de sus aseguradoras y considerar la implementación de planes de contingencia que incluyan servicios de salud ocupacional internos o externos. Asimismo, es aconsejable fortalecer la gestión del SG‑SST, asegurando que los procesos de prevención, vigilancia y control de riesgos laborales se mantengan robustos, independientemente de la situación económica de las EPS.
En conclusión, el aumento del patrimonio negativo de las EPS representa un reto importante para la gestión integral de la salud ocupacional en Colombia. Las organizaciones deben anticipar posibles impactos y adoptar estrategias que garanticen la continuidad y calidad de la atención médica para sus trabajadores, protegiendo tanto la productividad como el cumplimiento de la normativa del Ministerio del Trabajo.
Nota: artículo generado a partir de una noticia publicada por El Tiempo — Salud (2026-10-23).